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de septiembre de 2010
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Cruces con la cruz

Opinión

16 de julio

Por Armando Vidal

1985: Un aviso en un diario de la época contra el divorcio, con los hijos en el centro de la escena.

La historia argentina es un catálogo de enfrentamientos entre la Iglesia y el Estado.

Desde los albores de la llamada organización nacional hasta el Bicentenario, o sea desde Julio Argentino Roca hasta Cristina Fernández, la Iglesia Católica y los Gobiernos democráticos tuvieron una relación recargada de conflictos.

Obligado a reglar la vida según criterios políticos, el Parlamento —cuya simiente remota fueron los burgos que rodeaban a los castillos en la Europa medieval— ha oficiado de contendor predilecto del poder eclesial en la Tierra. Es lo visto en estos días en torno del proyecto que iguala sin distinción de sexos a una pareja matrimonial. Pero también se vio en el siglo XIX.

Hoy pueden impresionar enojos y reacciones —incluyendo los de la Casa Rosada—, pero puesto el malestar en un marco histórico, lejos se halla el presente de otras disputas del poder en las que la conducción de la Iglesia se concedió derecho.

Son conflictos de naturaleza política, como cada vez que la Iglesia enfrentó decisiones provenientes de la estructura del poder emanada de la Constitución Nacional al considerarse intérprete de la cultura nacional sobre la que se sostiene la democracia, a la cual cuestiona y por la cual nunca luchó.

Hubo otros momentos peores, como el que la Iglesia protagonizó activamente contra el segundo gobierno de Juan Perón, capítulo sangriento y demencial donde los atentados terroristas (primero en un acto en Plaza de Mayo —15 de abril de 1953— y las bombas directamente contra la gente, después —16 de junio de 1955—) fueron acompañados como reacción turbulenta por la quema de sedes partidarias y de iglesias, entre otros blancos de la furia.

En el medio de ambos hechos, se registró la batería de decisiones descargadas por Perón y el Congreso, como la anulación de la Dirección General y de la Inspección General de Enseñanza Religiosa (2/12/54), ley de divorcio absoluto (14/12/54), ley de profilaxis (habilitación de los prostíbulos, 30/12/54), supresión de las festividades religiosas (20/3/55), modificación al reglamento de Diputados para que la fórmula de juramento fuera exclusivamente por la Constitución (6/5/55); supresión de la enseñanza religiosa y derogación de la exención de impuestos para templos, colegios, bienes y actos (13/5/55), y ley de separación de la Iglesia y el Estado (19/5/55).

Luego llegó la procesión de Corpus Christi por la porteña Avenida de Mayo hasta el Congreso de la Nación, con la participación de todo el espectro opositor, incluyendo a los comunistas de la época, acto coronado con la aparición cinco días después, en una mañana de brumas, de los aviones de la marina con su carga presta para matar a Perón y a cualquiera que se interpusiera en su vuelo. Mataron a cientos de inocentes, quizás miles.

La ley de divorcio duró poco tras el golpe definitivo del 16 de septiembre de 1955, cuando todo pasó a gobernarse por decreto con una dura represión contra el peronismo que no fue motivo de contrición alguna para la Iglesia, y menos aún cuando la autollamada Revolución Libertadora impuso por el mismo instrumento la enseñanza privada en los niveles superiores, lo cual amparaba y promovía a los institutos religiosos.

La resistencia se generaría en 1958, cuando el Gobierno de Arturo Frondizi, elegido en función de un pacto con Perón en el exilio, consagró por ley esa concesión con la Iglesia como aliada. Fue la primera gran satisfacción lograda por el clero de parte de un político de extracción radical.

Distinto había sido cuando ideas positivistas —la ciencia como avanzada social— plasmaron la Ley 1420, que determina que el Estado es el responsable de la educación y a la cual consagra como gratuita, común, mixta, laica y obligatoria. Fue en 1884; y no sin choques con la Iglesia, que llevaron al presidente Julio A. Roca (1880/1886) a echar al nuncio apostólico y a romper relaciones con el Vaticano.

Luego de la Ley de matrimonio civil (número 2393, de 1888) en la presidencia de Miguel Juárez Celman, el propio Roca, en su segunda presidencia (1898/1902), retrocedió en impulsar un proyecto sobre divorcio con el que estaba de acuerdo para optar en cambio por restablecer relaciones con la Santa Sede.

La presión en defensa de los derechos de participación, incluyendo varias revoluciones, logró transferir el poder con la ley de voto aniversario, secreto y obligatorio del conservador Roque Sáenz Peña a manos del radicalismo, capítulo cerrado con el golpe militar que puso fin al segundo Gobierno de Hipólito Yrigoyen y volvió a unir la cruz con la espada.

La experiencia peronista de buen comienzo (1946) y mal final con la Iglesia (1955) no se repitió en la fugaz tercera presidencia de Perón. En 1976, con el golpe contra Isabel Perón, la Iglesia en sus vertientes más reaccionarias convalidó la dictadura como si nada estuviera sucediendo en la tierra de sus sermones.

Sólo volvió con sus duras cargas con el Gobierno de Raúl Alfonsín (1983/1989), a quien fustigó desde mucho antes de que propiciara en 1986 la Ley de Divorcio, finalmente aprobada. Fue la Cámara de Diputados —presidida por el radical Juan Carlos Pugliese— la primera en juzgar y condenar en función de sus propias atribuciones a Christian von Wernich cuando era capellán de la policía bonaerense por sus agravios contra el cuerpo. Hoy, Von Wernich purga cadena perpetua por sus delitos de lesa humanidad.

En contraste, con su silencio en los días de la muerte, la Iglesia ya había dicho todo.

Newsweek, 14/07/10